La Vocal de Otras Administraciones Públicas del Colegio de Médicos de Cáceres y coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC, Dra. Carmen Hoyos, ha mantenido, recientemente, reuniones con los consejeros de Sanidad de Asturias, Aragón, Navarra y La Rioja para abordar la situación de la Sanidad Penitenciaria y su traspaso a las CC.AA.
La Dra. Hoyos con responsables de las Administraciones sanitarias y de las corporaciones médicas de Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja
En el encuentro de Aragón participó junto al consejero Sebastián Celaya, la presidenta del Consejo Autonómico de Aragón, Dra. Concepción Ferrer, su vocal de AAPP, Dra Fernández-Velilla, además de otros miembros de la Consejería de Sanidad aragonesa.
En Asturias, también estuvo presente, además del consejero Francisco del Busto, el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Dr. Alejandro Braña, y la directora general de Planificación Sanitaria, Concepción Saavedra. La reunión tuvo lugar en la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
En la reunión celebrada con la consejera de Sanidad de La Rioja, María Martin Díez de Baldeón, participaron junto a la coordinadora de Sanidad Penitenciaria de Vocalía de AA PP de la OMC, la presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja, Dra. Inmaculada Martinez Torre y el Vocal de AAPP de la entidad colegial, Dr. Adolfo Cestafe Martínez.
Uno de los puntos abordados fue el relativo a los recursos económicos que esa Comunidad destina a la Sanidad penitenciaria, que no llegan a superar los 800.000 euros anuales, como se expuso. La consejera, según explicó la Dra. Hoyos, ”nos trasmitió la necesidad que existe de una adecuada dotación económica, máxime teniendo en cuenta que su Comunidad es «receptora de población penitenciaria de otras CCAA y entiende que es un aspecto a valorar en el gasto.
Previo a este encuentro, la también vocal de AA.PP. de Cáceres se había reunido con el consejero de Sanidad de Navarra, Dr. José Fernando Domínguez Cunchillos. Reunión a la que también asistió el presidente del Colegio de Médicos de Navarra Dr. Rafael Teijeira Alvarez y el jefe de los Servicios Médicos del Centro Penitenciario de Pamplona Dr.Jesús García Falces, así como el director general de Salud de esta autonomía, Dr Luis Gabilondo Pujol.
En todos estos encuentros, la Dra. Hoyos hizo una exposición sobre la situación en la que se encuentra este tipo de asistencia de cara a sus transferencias al ámbito sanitario, un proceso que, como recordó, se prolonga desde los inicios de la primera década del 2000. «Estas reuniones están sirviendo para trasladar la grave problemática que afecta a los profesionales del ámbito sanitario penitenciario y el deterioro asistencial a la población privada de libertad» afirmó.
Actualmente, la Sanidad Penitenciaria depende del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pese a que la Ley de Cohesión y Calidad en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes de las comunidades autónomas, un mandato ya contemplado, además, en la Ley General de Sanidad en 1986.
La Dra. Hoyos transmitió a los responsables sanitarios de las distintas CC.AA que «el colectivo de médicos penitenciarios compuesto por 450 profesionales aproximadamente aseguran sentirse agradecidos a la OMC y a los Colegios de Médicos de todas las CCAA por la sensibilidad e importantísima ayuda que están prestando a la resolución de nuestra grave problemática».
Como expuso desde la vocalía de AAPP de la OMC se inició a mediamos de 2016 un proyecto de concienciación de todos los grupos políticos representados en el Congreso y Senado, y en los Parlamentos autonómicos sobre el incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de mayo del 2003 que ordenaba la trasferencia de la Sanidad Penitenciaria desde el Ministerio del Interior a las Consejerías de Salud Autonómicas. Estas demandas se han transformado en una unanimidad absoluta en votación plenaria en la Cámara Alta en octubre de 2016 y en Comisión de Interior en la Cámara Baja en diciembre. Y de igual modo ha discurrido la petición en todos los Parlamentos Autonómicos.
El siguiente paso dado ha sido el de instar a los responsables autonómicos a que colaboren en el proceso trasferencial trasladándoles el sentir de los profesionales y el estudio económico que se ha realizado, con intención de que sea estudiado conjuntamente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la mayor brevedad posible.
En todos estos encuentros, la Dra. Hoyos hizo una exposición sobre la situación en la que se encuentra este tipo de asistencia de cara a sus transferencias al ámbito sanitario, un proceso que, como recordó, se prolonga desde los inicios de la primera década del 2000. «Estas reuniones están sirviendo para trasladar la grave problemática que afecta a los profesionales del ámbito sanitario penitenciario y el deterioro asistencial a la población privada de libertad» afirmó.
Actualmente, la Sanidad Penitenciaria depende del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pese a que la Ley de Cohesión y Calidad en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes de las comunidades autónomas, un mandato ya contemplado, además, en la Ley General de Sanidad en 1986.
La Dra. Hoyos transmitió a los responsables sanitarios de las distintas CC.AA que «el colectivo de médicos penitenciarios compuesto por 450 profesionales aproximadamente aseguran sentirse agradecidos a la OMC y a los Colegios de Médicos de todas las CCAA por la sensibilidad e importantísima ayuda que están prestando a la resolución de nuestra grave problemática».
Como expuso desde la vocalía de AAPP de la OMC se inició a mediamos de 2016 un proyecto de concienciación de todos los grupos políticos representados en el Congreso y Senado, y en los Parlamentos autonómicos sobre el incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de mayo del 2003 que ordenaba la trasferencia de la Sanidad Penitenciaria desde el Ministerio del Interior a las Consejerías de Salud Autonómicas. Estas demandas se han transformado en una unanimidad absoluta en votación plenaria en la Cámara Alta en octubre de 2016 y en Comisión de Interior en la Cámara Baja en diciembre. Y de igual modo ha discurrido la petición en todos los Parlamentos Autonómicos.
El siguiente paso dado ha sido el de instar a los responsables autonómicos a que colaboren en el proceso trasferencial trasladándoles el sentir de los profesionales y el estudio económico que se ha realizado, con intención de que sea estudiado conjuntamente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la mayor brevedad posible.
