El pasado día 29 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha abierto un trámite de audiencia e información pública, que se extiende hasta el próximo día 19 de octubre, en relación con un “Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 472/2021”, cuyo órgano proponente es la Dirección General de Política Económica.

Esta iniciativa normativa, que se articula mediante una modificación del Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, pretende establecer una evaluación previa a la aprobación o modificación de los Códigos Deontológicos de los Colegios Profesionales de ámbito nacional y Consejos Generales, cuya competencia atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que se instrumenta mediante un procedimiento diseñado ad hoc en la disposición adicional primera que se pretende introducir.

Consideramos fundadamente que dicha iniciativa no se ajusta a Derecho. Los Códigos Deontológicos no tienen la consideración de “disposiciones legales o reglamentarias que introduzcan o modifiquen requisitos para el ejercicio de las profesiones reguladas o su ejercicio” que deban ser sometidas durante su proceso de elaboración a una evaluación previa de proporcionalidad con arreglo al Real Decreto 472/2021. Ni tampoco los Colegios Oficiales de Médicos, ni la OMC, tienen la condición de “autoridades competentes para la regulación”, de conformidad asimismo con dicho Reglamento. Extremos ambos que ha avalado expresamente el Consejo de Estado.

Rechazamos igualmente que dicha evaluación previa deba realizarse a través de un procedimiento tutelado por la autoridad estatal de competencia, considerando el contenido de la propuesta articulada una intromisión injustificada y desproporcionada a nuestra autonomía normativa y organizativa, legalmente garantizada.

Instamos, por consiguiente, de Ministerio la retirada de dicho Proyecto.