La nueva instrucción de la Fiscalía busca garantizar sanciones más severas para las agresiones a empleados públicos en los ámbitos sanitario y educativo.

La Fiscalía de Extremadura ha lanzado una nueva instrucción con el objetivo de endurecer las penas ante las agresiones a profesionales sanitarios y educativos, clasificados como funcionarios públicos. La medida surge a raíz de la creciente preocupación por el aumento de estos ataques, especialmente en un contexto donde las agresiones físicas a médicos se han incrementado en los últimos años.

En el documento, publicado este mes, se estipula que las agresiones a estos profesionales no se consideren más como delitos menores, sino que se tipifiquen como «delitos de atentado», tal como establece el artículo 550 del Código Penal, lo que conlleva penas de prisión de entre 6 meses y 3 años. El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha explicado que, en ocasiones, se ha visto que estos casos terminan resolviéndose con multas mínimas, lo cual no refleja el daño ni tiene un efecto disuasorio para los agresores.

“La agresión a un médico o a un docente es un ataque directo contra una figura de autoridad y debe ser tratado como tal”, ha indicado Montero durante la presentación de la instrucción, que también fue respaldada por el teniente fiscal de Extremadura, Aurelio Blanco y los presidentes de los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz, Evelio Robles y Pedro Hidalgo, respectivamente. Ambos coincidieron en señalar que la nueva directriz marca un hito en la lucha contra la impunidad en estos delitos.

«Animo a todos los médicos a denunciar porque si no no figura y no se actúa, y a la Consejería de Salud a que esté al lado de sus trabajadores», ha añadido Hidalgo. Un mensaje al que se ha unido Robles, que ha lamentado que «sale muy barato, desde el punto de vista jurídico, agredir, maltratar o amenazar».

Según los datos más recientes, en 2024 Extremadura registró 38 agresiones a médicos, lo que representa un aumento del 40% respecto al año anterior. La mayor parte de estos ataques (casi un 80%) ocurrieron en centros de atención primaria, mientras que los hospitales y servicios de urgencias fueron los siguientes escenarios más afectados. Cáceres y Mérida lideran las estadísticas regionales, seguidas de otras zonas como Badajoz y Plasencia.

La fiscalía ha destacado que una de las razones principales por las cuales muchas de estas agresiones no se denuncian es la percepción de que las consecuencias legales serían mínimas, lo que desincentiva a las víctimas a interponer denuncias. Con la nueva instrucción, se busca cambiar esta mentalidad y garantizar que los agresores enfrenten sanciones proporcionales al delito cometido.

Además, la medida no solo se aplica a médicos, sino a todos los profesionales que trabajen en los ámbitos público y educativo, como enfermeros y docentes. Los colegios profesionales han mostrado su satisfacción por esta iniciativa, considerando que responde a una necesidad urgente de protección frente a la violencia creciente que enfrentan día a día en su labor.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha subrayado que, a nivel nacional, se produce una agresión cada 10 horas a un médico, y en 2024 se alcanzó el número récord de 847 casos, con solo el 43,5% de ellos denunciados. Esta realidad ha llevado a los representantes de los médicos a pedir un cambio en la respuesta jurídica, algo que consideran fundamental para que estos ataques no se sigan considerando como simples faltas.

Con esta nueva instrucción, la Fiscalía de Extremadura envía un mensaje claro: las agresiones a profesionales de la salud y la educación no quedarán impunes, y se hará todo lo posible por asegurar que las penas sean ejemplares y disuasorias.