En 2003, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ordenó que los servicios de sanidad penitenciaria se integraran en el Sistema Nacional de Salud. Casi veinte años después, el mandato sigue sin cumplirse y estos servicios siguen integrados en el Ministerio del Interior que, en la práctica, los tiene abandonados porque más de la mitad de las plazas de médicos están sin cubrir, dejando a los internos sin asistencia médica durante largos periodos.

De nada han servido las constantes denuncias del Defensor del Pueblo en sus Informes Anuales sobre la vulneración de los derechos más vitales de los internos: estas personas están privadas de libertad, pero no de su derecho a la asistencia sanitaria. La Asociación Médica Mundial exige que las personas recluidas en las prisiones y sometidas a aislamiento tienen derecho a ser atendidas por un médico que no dependa de los gobernantes de la prisión, para garantizar su independencia profesional en situaciones que pueden ser gravemente perjudiciales para los reclusos. Y ese es el meollo y la base de la Ley de Cohesión y Calidad mencionada, salvar a la asistencia sanitaria penitenciaria de la connivencia con la Administración Penitenciaria y dotarla de absoluta autonomía. Sin duda un avance en la protección de derechos a los ciudadanos.

Pero el Ministerio del Interior prefiere mantener bajo su dominio y control este servicio, que constituye el único gueto sanitario al margen del resto de los servicios de salud en España. La única explicación de esta voluntad de poder, por lo que se deduce de los casos denunciados por el Defensor del Pueblo, es que de vez en cuando en las prisiones se producen “situaciones incómodas” y los de Interior prefieren gestionarlas sin que queden cabos sueltos. Lo que diga el Defensor del Pueblo, la Ley o la Constitución, da igual.

De nada ha servido la reclamación presentada por 130 médicos y 135 enfermeros ante el Ministerio del Interior, que lo único que hizo fue tergiversar lo solicitado por los profesionales para inadmitirla…

Y de nada sirve la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional, que ha resuelto de manera incomprensible la reclamación. La Sentencia proclama que la Administración está incumpliendo su obligación de integrar los servicios de sanidad penitenciaria en el Sistema de Salud, pero dice que esto debe hacerlo el Consejo de Ministros y que la Audiencia Nacional no es competente para ordenárselo porque tal competencia es del Tribunal Supremo.

No obstante, a pesar de considerarse incompetente, en vez de remitir el caso al Supremo, la Audiencia Nacional ha decidido continuar enjuiciándolo, entrando al fondo del asunto y desestimando el recurso con la excusa de que el Estado no es el único responsable de esta situación, porque las Comunidades Autónomas no han querido asumir la gestión de estos servicios mediante las correspondientes transferencias.

A estas alturas, la excusa para salvar la cara a Interior y al Estado no tiene pase porque todo el mundo sabe que mientras una Comunidad Autónoma no asume efectivamente la competencia, mediante su correspondiente aceptación del traspaso por el Estado, el único responsable del servicio es el Estado.

Según explican los recurrentes, nada le impide al Estado cumplir mañana mismo el mandato de la Ley de Cohesión del Sistema de Salud traspasando los servicios de sanidad penitenciaria desde Interior al Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, no de las Comunidades Autónomas, que presta la atención sanitaria en Ceuta y Melilla y está integrado dentro del Sistema Nacional de Salud. O sea, que no hay dificultad alguna más que la pura y dura voluntad política de Interior de mantener sus más rancias competencias y la escasa voluntad de los jueces para someter el poder al derecho.

Además, frente a esta Sentencia hasta hay que recordar que los jueces deben ser imparciales y juzgar en función de los argumentos presentados por las partes, sin meterse ellos mismos en la discusión. Por eso resulta bochornoso que ninguno de los argumentos expuestos por los magistrados de la Audiencia Nacional para desestimar el recurso fueran presentados por el Abogado del Estado. Los principales argumentos de la Sentencia han tenido que ser “inventados” por los magistrados, sin oír a los recurrentes, que se han encontrado indefensos ante los nuevos argumentos que no hubiera sido difícil rebatir…

Los magistrados de la Audiencia Nacional también han ignorado esta garantía de imparcialidad y han preferido actuar directamente como abogados de la Administración, vulnerando el derecho fundamental de los recurrentes a la defensa y a la contradicción, que son un derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución.

Así las cosas y si el Tribunal Supremo no lo remedia, nos vamos a encontrar, una vez más, con alguna condena contundente del Tribunal de Justicia de la UE o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de España, por vulnerar derechos fundamentales y libertades públicas tan esenciales como el derecho a la vida y a la protección de la salud de los internos en las prisiones, la independencia profesional de los médicos frente a los gestores penitenciarios, y la imparcialidad de unos jueces que no pueden inventarse sobre la marcha los argumentos para salvar a la Administración.

 

Carmen Hoyos Peña

Excoordinadora de Sanidad Penitenciaria, Vocalía de AAPP de la OMC

Exvocal Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria

Excoordinadora GRELASESP.