El ICOMECA recuerda que la identidad de una persona fallecida puede acreditarse mediante distintos medios fiables, sin necesidad de exigir siempre el DNI original. El Colegio defiende la seguridad jurídica de los médicos y una actuación rigurosa que evite demoras innecesarias y situaciones de incertidumbre para las familias.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres (ICOMECA) ha elaborado un informe jurídico-técnico sobre los requisitos legales y deontológicos que deben observar los facultativos para identificar a una persona fallecida antes de emitir el Certificado Médico de Defunción (CMD).

La principal conclusión del informe es que no existe ninguna disposición legal o reglamentaria que exija que la identidad del fallecido quede acreditada exclusivamente mediante exhibición del DNI original. Tampoco existe previsión legal que establezca una jerarquía documental obligatoria.

No se exige, con carácter general, la presentación del DNI original del fallecido como requisito indispensable para expedir el certificado, siempre que su identidad pueda acreditarse de manera suficientemente fiable mediante otros procedimientos legalmente admitidos. Si bien es cierto que, por seguridad jurídica, y así se recomienda siempre desde este Ilustre Colegio, será el DNI, pasaporte o NIE los medios habituales de identificación del finado.

Desde el Colegio se insiste en que esta interpretación no supone reducir las garantías de identificación, sino aplicar la normativa de forma proporcionada, garantizando tanto la seguridad jurídica de los profesionales como el respeto a las personas fallecidas y a sus familiares.

¿Qué dice la legislación española?

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece en sus artículos 62 y 66 los requisitos relativos a la inscripción de las defunciones y a la documentación necesaria para su tramitación, entre ella el correspondiente certificado médico.

Por su parte, el artículo 274 del Reglamento del Registro Civil de 1958 contempla distintas posibilidades para acreditar la identidad del fallecido, incluyendo el conocimiento directo por parte del médico, la comprobación de documentos oficiales o la identificación mediante una persona que conozca al fallecido y confirme sus datos, con las formalidades previstas legalmente.

Por tanto, no existe una obligación general de acreditar la identidad exclusivamente mediante el DNI original, siendo posible recurrir, en ausencia de éste, a otros elementos de identificación siempre que permitan alcanzar una certeza razonable.

¿Cómo puede identificarse a una persona fallecida?

El DNI, el pasaporte y el NIE constituyen los medios documentales habituales de identificación. Sin embargo, cuando no se disponga de ellos, el facultativo puede valorar conjuntamente otros elementos, como:

  • El conocimiento previo del paciente por parte del médico.
  • La historia clínica y los registros asistenciales.
  • Los sistemas de identificación de hospitales y centros sanitarios.
  • La documentación existente en residencias sociosanitarias.
  • El reconocimiento por familiares o profesionales que conozcan al fallecido, en cuyo caso se recomienda desde esta institución colegial la necesidad de aportar, junto a la certificación, una declaración jurada de los mismos así como fotocopia de sus DNI.

El Colegio recuerda que una fotocopia del DNI también puede servir como elemento complementario, aunque no equivale al documento original ni garantiza por sí sola una identificación suficiente. Cuando la identificación se efectúe a través de una tercera persona, deberán respetarse las formalidades establecidas en el artículo 274 del Reglamento del Registro Civil, incluida la firma del parte cuando corresponda.

Lo determinante no es disponer de un documento concreto, sino contar con elementos objetivos y concordantes que permitan identificar al fallecido con suficiente fiabilidad.

¿Qué debe hacer el médico si existen dudas?

Cuando la documentación sea insuficiente, existan discrepancias en los datos o no pueda establecerse con seguridad la identidad de la persona fallecida, el médico deberá realizar las comprobaciones complementarias oportunas. Si, pese a estas actuaciones, persisten dudas relevantes sobre la identidad, no deberá consignarla como cierta y será necesario acudir a los procedimientos establecidos para la intervención de la autoridad competente.

No obstante, el ICOMECA destaca una cuestión fundamental: la ausencia del DNI original no convierte automáticamente una muerte natural en una muerte sospechosa ni obliga por sí sola a solicitar una intervención judicial.

La actuación judicial o médico-forense deberá valorarse cuando concurran circunstancias que la justifiquen, como indicios de violencia, sospechas sobre las causas del fallecimiento o imposibilidad de identificar al cadáver tras las comprobaciones pertinentes.

Certificar una defunción también es un deber deontológico

El Código de Deontología Médica de 2022, aprobado por la Organización Médica Colegial, establece en su artículo 17.1 que los informes y certificados médicos deben responder a criterios de autenticidad y veracidad. Asimismo, el artículo 38.6 recoge el compromiso deontológico del médico de certificar una defunción cuando haya presenciado el fallecimiento, reconocido al paciente fallecido o disponga de su historia clínica, siempre que concurran las condiciones necesarias para una certificación correcta.

En este sentido, el Colegio considera que, cuando la identidad esté suficientemente acreditada, existan datos clínicos que permitan establecer una causa natural de fallecimiento y no se aprecien circunstancias que requieran intervención judicial, deben evitarse los retrasos injustificados en la emisión del Certificado Médico de Defunción.

Seguridad jurídica para los médicos y respeto a las familias

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres subraya que la certificación de una defunción constituye un acto médico de especial trascendencia sanitaria, jurídica y humana. Por ello, defiende la necesidad de aplicar criterios claros y homogéneos que permitan a los profesionales actuar con seguridad, evitando exigencias documentales que no estén expresamente establecidas por la normativa.

El objetivo es garantizar que las defunciones se certifiquen con el máximo rigor profesional, sin imponer obstáculos administrativos innecesarios que puedan incrementar el sufrimiento o la incertidumbre de las familias en momentos especialmente delicados.

Normativa y bibliografía de referencia

  1. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Artículos 62 y 66. Boletín Oficial del Estado. [Consultar texto consolidado]
  2. Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil. Artículo 274. Boletín Oficial del Estado. [Consultar normativa]
  3. Organización Médica Colegial. Código de Deontología Médica (2022). Artículos 17.1 y 38.6. [Consultar documento]
  4. Instituto Nacional de Estadística. Resolución de 26 de junio de 2024, relativa al modelo conjunto del Certificado Médico de Defunción y Boletín Estadístico de Defunción. BOE-A-2024-13977. [Consultar resolución]
  5. Organización Mundial de la Salud (2023). Recomendaciones sobre la inspección externa de cadáveres y la cumplimentación del certificado médico de causa de defunción. [Consultar recomendaciones]