El secretario general del Colegio de Médicos de Cáceres y médico de familia, el Dr. Luis Tobajas Belvís, analiza en este artículo, desde una perspectiva crítica, la tramitación del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. El autor advierte del grave error que supone aprobar una norma clave para la sanidad pública sin contar con la interlocución directa de los médicos, lo que pone en riesgo tanto a la profesión como a la calidad asistencial.
Para un médico de familia que pasa su jornada en la consulta de un centro de salud, la «política sanitaria» no es un concepto abstracto que se debata en despachos climatizados ni una hoja de cálculo llena de estadísticas. Para nosotros, la gestión se mide en una unidad mucho más valiosa y escasa: minutos de vida. La verdadera política sanitaria es tener el tiempo suficiente para mirar a los ojos a un paciente vulnerable que necesita algo más que una receta electrónica; es la agilidad —o la desesperante falta de ella— para poder levantar el teléfono y coordinarme con el compañero del hospital sin que pasen semanas de silencio administrativo; y es, sobre todo, la angustia compartida de ver cómo las plantillas se merman, cómo las sillas de los compañeros quedan vacías sin sustitutos y cómo la presión asistencial crece mientras los recursos humanos menguan.
Esa es mi realidad diaria y la de cientos de compañeros en España. Y es precisamente desde esa trinchera asistencial desde donde miro con profunda inquietud y escepticismo el nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo que está en juego no es simplemente un texto legal o una actualización burocrática de una norma de 2003; lo que nos estamos jugando es la capacidad real de seguir cuidando a nuestros pacientes con la dignidad y la calidad que merecen.
Recientemente, hemos asistido a la noticia de que el Ministerio de Sanidad ha firmado un acuerdo con los sindicatos generalistas (SATSE, CCOO, UGT y CSIF) para renovar el marco que regula las condiciones laborales de cerca de un millón de trabajadores. Hasta ahí, la música suena bien: actualizar una normativa de hace dos décadas no solo es necesario, es urgente. El problema, como casi siempre en la administración, no es el «qué», sino el «cómo» y, de manera hiriente, el «quién».
Los sindicatos médicos no han respaldado este acuerdo. Y no lo han hecho por capricho, sino por una razón de peso que clama al cielo: no tienen representación en la mesa estatal donde se ha cocinado el texto. Este dato es capital y revela una disfunción grave en el sistema de representación laboral. Los médicos no somos un grupo residual ni marginal dentro del sistema sanitario. Los propios datos del Ministerio sitúan en 2024 a 176.918 médicos trabajando en la red asistencial del SNS, de un total de 786.747 profesionales. Traducido a porcentajes, representamos el 22,5% de la fuerza laboral. Estamos hablando de que casi uno de cada cuatro profesionales sanitarios es médico. Y, sin embargo, la norma suprema que va a ordenar nuestras guardias, nuestras jornadas, nuestra movilidad geográfica o nuestra carrera profesional durante los próximos años se está construyendo sin una interlocución médica específica. Es como diseñar un plan de urbanismo sin contar con los arquitectos o una reforma judicial sin escuchar a los jueces.
A muchos ciudadanos les sorprenderá, con razón. ¿Cómo es posible tal despropósito? La explicación técnica reside en un modelo de representatividad obsoleto, donde el peso global de las elecciones sindicales favorece a las grandes centrales generalistas y penaliza a colectivos que, como el médico, tienen una representación más fragmentada. El resultado es una paradoja dolorosa: siendo el pilar fundamental del diagnóstico y el tratamiento (el 22,5% del sistema), nuestra voz queda diluida y silenciada en un modelo que no contempla nuestras singularidades: la responsabilidad civil y penal de nuestras decisiones, la penosidad de las guardias de 24 horas, la exigencia de una formación continuada interminable o la exposición a riesgos biológicos y psicosociales específicos.
Es importante aclarar, para evitar confusiones, que los Colegios de Médicos no negociamos condiciones laborales. La ley no nos lo permite. Nuestra misión es garantizar la buena praxis, la deontología y la defensa de la profesión desde el interés general. La negociación de sueldos y jornadas es terreno sindical. Por eso, cuando se configura una mesa de negociación donde la voz sindical médica es anecdótica o inexistente, se genera una orfandad representativa que no se soluciona pidiendo a los colegios lo que no pueden dar.
El malestar es palpable. En redes sociales y en las salas de café de los hospitales, el sentimiento oscila entre la incredulidad y la indignación. Muchos compañeros sienten que la actual ministra, compañera de profesión, ha consumado un desprecio hacia los facultativos al avalar un Estatuto «sin los médicos y contra los médicos». Y aunque el tono en caliente pueda ser duro, el fondo es comprensible: cuando un colectivo esencial se siente expulsado de la negociación de su propio futuro, la confianza se rompe. Y en sanidad, la confianza es el pegamento que mantiene unido el sistema.
A esto se suma un desprecio a la realidad territorial. La sanidad se gestiona en las Comunidades Autónomas. En Extremadura sabemos bien lo difícil que es cuadrar las cuentas y cubrir las plazas rurales. ¿Por qué un texto de este calibre no se ha trabajado con rigor técnico previo en el Consejo Interterritorial? Las Consejerías de Salud llevan meses denunciando que el Ministerio negocia con los sindicatos a sus espaldas, presentando los acuerdos como hechos consumados sin las memorias económicas necesarias. No se pueden prometer mejoras en Madrid que luego, por falta de presupuesto o viabilidad, sean imposibles de aplicar en un consultorio de las Hurdes o de la Siberia extremeña.
En nuestra región, donde ya sufrimos para sostener las plantillas y hacer atractivas las plazas de difícil cobertura, cualquier medida que no nazca del consenso y que no mejore de forma realista las condiciones laborales puede ser la puntilla. No es solo cuestión de cuántos médicos hay, sino de cuántos están dispuestos a quedarse, cuántos aceptan seguir encadenando sobrecargas y cuántos pueden conciliar su vida personal sin pagar un precio inasumible en salud mental.
Aún hay margen antes de la tramitación parlamentaria. Mi propuesta, y la de muchos, es sencilla y sensata: reformar el modelo de representación para que los médicos tengan voz y voto real en lo que afecta a su práctica, y avanzar decididamente hacia un Estatuto del Médico propio. Un marco que reconozca la singularidad de nuestra profesión sin romper la cohesión del sistema.
Esto no es corporativismo, es supervivencia del sistema público. Porque cuando un médico se quema, se marcha o se jubila anticipadamente por hastío, quien pierde no es «la administración». Pierde el paciente que espera meses para una cita, pierde el enfermo crónico que necesita estabilidad y pierde la familia que no encuentra pediatra. Al final, defender al médico es, indefectiblemente, defender al paciente.
